El gobierno de Javier Milei ha llevado adelante una serie de medidas para reducir la regulación en distintos sectores de la economía con el objetivo de fomentar la inversión y mejorar la competitividad. Sin embargo, esta estrategia ha generado reacciones diversas dentro del mundo empresarial, especialmente en industrias que han dependido históricamente de ciertos niveles de intervención estatal.
Uno de los sectores más afectados ha sido el de la construcción, que sufrió una desaceleración abrupta debido a la eliminación de la obra pública como motor de la economía. Empresas constructoras han reportado despidos y reducción de proyectos, mientras que algunos desarrolladores inmobiliarios buscan alternativas en el sector privado para mantener la actividad.
El sector energético, en cambio, ha sido uno de los más beneficiados con la eliminación de controles de precios y la liberalización del mercado. Empresas petroleras y gasíferas han mostrado interés en nuevas inversiones, aunque advierten que la estabilidad macroeconómica será clave para la concreción de proyectos a largo plazo.
Desde una perspectiva promercado, la desregulación es un paso necesario para eliminar distorsiones y generar incentivos para el desarrollo privado. Sin embargo, el desafío para el gobierno será garantizar que la transición hacia una economía más libre no genere efectos colaterales que afecten a sectores clave para el crecimiento del país.
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